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Sábado, 16 de Enero de 2021 Tiempo de lectura:

La Audiencia Provincial comienza el juicio por el presunto soborno en el servicio de recogida de la basura de Calp

El fiscal pide 14 años de prisión para el exconcejal Juan Roselló y diez para el exalcalde Javier Morató, en una causa que tiene a otros seis procesados entre ellos el empresario presuntamente beneficiado

La Audiencia Provincial de Alicante juzga a partir de esta semana el caso de los presuntos sobornos en el contrato de recogida de la basura de Calp, un caso en el que están procesados el exalcalde, Javier Morató y el exedil Juan Roselló, así como el empresario beneficiado presuntamente, Ángel Fenoll, y otras cinco personas.

 

Las sesiones comienzan el 21 de enero y la previsión de la Audiencia es que se prolonguen durante febrero y marzo. La causa ha sido calificada como compleja. 

 

El Ministerio Público solicita inicialmente penas que oscilan entre los dos y los 14 años de prisión para los acusados por delitos continuados de cohecho, prevaricación, malversación y blanqueo de capitales.

 

La causa constituye una pieza separada del denominado caso Brugal y se remonta a febrero de 1998 cuando el el Ayuntamiento adjudicó el contrato de ese servicio a la mercantil Colsur SL. 

 

La Fiscalía sostiene que los políticos pactaron con el contratista el pago de comisiones a cambio de esa adjudicación que se hicieron efectivas durante los siguientes años. En concreto, siempre según el escrito de conclusiones provisionales de la acusación pública, el entonces alcalde y los dos tenientes de alcalde se repartieron 100 millones de las antiguas pesetas (600.000 euros), mientras que otros 20 millones de pesetas (120.000 euros) fueron destinados al club de fútbol local y 4 millones (24.000 euros) a un intermediario.

 

El empresario incrementó supuestamente de forma fraudulenta el número de toneladas de basura tratadas para hacer frente a esos pagos con el conocimiento de los cargos públicos. La Fiscalía cifra en 11 millones de euros la cuantía que la mercantil adjudicataria intentó defraudar a las arcas municipales y en 4,2 millones el perjuicio efectivo ocasionado.

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