El Ayuntamiento de Calp atribuye a la “falta de competencias” el fin del servicio de Cruz Roja

El Equipo de Gobierno de Calp ha explicado en rueda de prensa las razones que han llevado a la extinción del servicio con Cruz Roja, responsable hasta ahora de la única ambulancia exclusiva de Soporte Vital Básico (SVB) operativa las 24 horas en el municipio.

Con los trabajadores de Cruz Roja siguiendo la comparecencia en el Salón de Plenos, el gobierno local ha ofrecido la comparecencia desde la Sala de Juntas. Una comparecencia encabezada por la alcaldesa Ana Sala, junto a la concejal de Sanidad, Itziar Doval y el portavoz del equipo de gobierno, Ximo Perles, entre otros, para explicar públicamente por qué Calp deja de contar con la ambulancia de Cruz Roja, que desde 2009 prestaba servicio 24 horas los 365 días del año en exclusiva para el municipio.

Desde el Equipo de Gobierno sostienen que la decisión viene marcada por informes jurídicos ante la ausencia de competencias municipales en transporte sanitario y varias sentencias judiciales. Según apuntan, imposibilita seguir pagando el servicio sin que la alcaldesa asuma responsabilidades patrimoniales personales.

Sala ha expuesto la cronología de esta problemática indicando que el consistorio calpino ha intentado desde 2016 regularizar la prestación del servicio mediante diversas vías, con la solicitud de delegación de competencias a la Generalitat, informes sobre no duplicidad, propuestas de convenio con Cruz Roja, reclamaciones económicas y, finalmente, un recurso de responsabilidad patrimonial ante la administración autonómica. En este proceso han intervenido el Consell Jurídic Consultiu, la Dirección General de Administración Local y, más recientemente, el TSJ.

La alcaldesa ha recordado que el Consell Jurídic Consultiu determinó que el transporte sanitario es una competencia exclusiva de la Generalitat. Sobre ese punto ha resumido: “El Ayuntamiento no dispone de habilitación legal para el ejercicio de dicha competencia, mientras no tenga la delegación expresa”.

El punto de inflexión llegó con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia a fecha de 26 de noviembre de 2024 con un fallo que desestima el recurso del Ayuntamiento contra la Generalitat por los costes soportados en años de servicio y subraya que el consistorio asumía un servicio que no era de su competencia. En palabras de la alcaldesa, “nos estamos metiendo en un ámbito competencial que no es nuestro”.

Según explicaba Sala, a partir de esta resolución los servicios municipales de Intervención han advertido de un cambio de escenario. Asimismo, ha explicado que durante años distintas corporaciones levantaron reparos técnicos y aprobaron facturas en pleno, asumiendo el riesgo de forma colegiada, pero que ahora la firma se concentraría exclusivamente en la Alcaldía: “si seguimos por esa vía, la responsabilidad ya no sería del Ayuntamiento como institución, sino de quién firma, de la alcaldesa, se pondría en riesgo mi propio patrimonio personal por prestar un servicio que la ley dice que no es nuestro”.

En este contexto, la alcaldesa ha planteado que el gobierno calpino se veía ante dos alternativas: “Mirar hacia otro lado y seguir pagando un servicio que sabemos que no podemos asumir legalmente o reconducir la situación al marco de nuestras competencias y exigir con firmeza que la Generalitat refuerce su dispositivo de ambulancias en Calp”. Según ha señalado, el tripartito ha optado por la segunda opción.

Como parte de esa estrategia, Sala ha recordado que el Ayuntamiento ha adjudicado recientemente un servicio de ambulancia en modo preventivo para cubrir eventos municipales, un contrato que se ajusta al ámbito de la prevención y protección civil con competencias propias municipales y que no sustituye el servicio asistencial permanente que venía prestando Cruz Roja.

Durante su intervención, Ana Sala ha defendido que el Ayuntamiento ha actuado siempre guiado por la necesidad de garantizar la atención sanitaria en un municipio con alta presión demográfica. Ha recordado que Calp no solo cuenta con 27.000 habitantes censados, sino con una media de 43.000 residentes reales y picos de hasta 150.000 personas en verano. Con ello, ha apuntado que “muchas personas están haciendo una dejación de funciones” en la Generalitat, en la Conselleria de Sanidad y en la oposición de la corporación municipal.

La alcaldesa ha enlazado esta situación con el marco estatal de financiación y competencias locales, criticando las limitaciones impuestas por la Ley 27/2013, impulsada tras la crisis económica de 2008 para redefinir competencias municipales, ajustar el gasto público y reforzar los mecanismos de control financiero sobre los ayuntamientos. Esta medida restringió la capacidad de los ayuntamientos para prestar servicios complementarios, por lo que Sala ha reclamado su reforma inmediata: “Sería tan fácil como liberar ese articulito, que nos permitía a los ayuntamientos asumir y financiar autónomamente unas actividades complementarias, volver a lo que teníamos antes”.

En esta misma línea, se ha mantenido crítica con los gobiernos de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, alegando que “ningún gobierno estatal ha tenido el valor o la deferencia de cambiar ese artículo que nos apretó el cinturón, y ya han pasado 12 años”.

La concejal Itziar Doval ha incidido precisamente en esta idea: “Lo que podemos hacer nosotros es contratar el servicio de ambulancia a nivel preventivo, pero no sustituimos nada porque no cubre el mismo servicio que estaba haciendo”. A preguntas de Calp Digital sobre un supuesto infarto en un domicilio mientras la ambulancia preventiva está cubriendo un evento, Doval ha aclarado: “Cuando se contrata un servicio en modo preventivo, ese servicio lo tienes en el sitio durante el tiempo que dura el evento y no se mueve de ahí”.

Sobre el margen de actuación en emergencias, Ximo Perles ha precisado que “la ley dice que, en caso de emergencia, el CICU puede movilizar cualquier recursos disponible y, naturalmente, después tendrá que pagarlo”. De esta forma, el portavoz del gobierno local ha señalado la posibilidad a que ambulancias de empresas privadas ubicadas en el municipio puedan ser activadas por el 112, con cargo posterior a la Generalitat, en caso de insuficiencia de medios propios.

Perles también ha contextualizado la dotación actual en Calp, recordando que en 2022 el municipio disponía de una SVB de carácter comarcal las 24 horas, sumada a la ambulancia de Cruz Roja exclusiva para el municipio, pero que, tras la mejora del dispositivo autonómico, se sumó otra SVB de carácter comarcal para 12 horas. Con la desaparición de Cruz Roja, ha afirmado que “la disminución en relación al 2022 es de media ambulancia, no de una entera”.

En el plano político, Perles ha subrayado que todas las formaciones con representación municipal han respaldado históricamente la continuidad del servicio: “Compromís, Partido Popular y PSPV-PSOE siempre han ido de la mano para intentar mantener un servicio que consideramos esencial, siempre”. Por ello, el portavoz ha pedido que la situación no se utilice como arma electoral.

Respecto a la relación con la plantilla de Cruz Roja, Perles ha diferenciado entre el vínculo laboral y el debate institucional: “No se trata de que el Ayuntamiento quiera desentenderse, pero lo que tampoco es justo es que Cruz Roja utilice a los trabajadores como ariete de presión social contra el gobierno, porque la relación laboral de los trabajadores es con Cruz Roja, nunca ha sido con el Ayuntamiento”.

Moción a pleno

De cara a los próximos días, el Equipo de Gobierno someterá al pleno del próximo martes una moción en la que solicitará a la Generalitat Valenciana el refuerzo urgente del transporte sanitario en el municipio. Entre las peticiones que ya se han avanzado figuran la ampliación a 24 horas de la SVB con base en la zona de La Fossa, la creación de una base SAMU permanente en Calp, la mejora de los tiempos de respuesta del 112 en municipios turísticos y el estudio de fórmulas jurídicas que permitan, si procede, activar en el futuro una ambulancia complementaria al servicio autonómico, siempre dentro de la legalidad vigente.

Mientras tanto, se consuma la desaparición de la ambulancia de Cruz Roja, que superó las 800 actuaciones en el último año entre emergencias sanitarias, urgencias sociales y preventivos. A preguntas de este medio, Perles ha admitido que los datos actuales se han evaluado con el refuerzo que aportaba Cruz Roja y que “datos reales sin el servicio que se prestaba hasta ahora no hay”, al tiempo que Doval ha reiterado que el Ayuntamiento “seguirá trabajando” para lograr un dispositivo acorde a las necesidades de la localidad.