Noticias de Calp
Compromís detalla las razones para el cese del servicio municipal de ambulancia 24 horas en Calp
La formación explica cronológicamente el origen del problema, las gestiones realizadas desde 2018 y las tres resoluciones que impiden legalmente al Ayuntamiento prestar transporte sanitario complementario
Compromís ha hecho público un documento explicativo en el que detalla de forma cronológica y estructurada las causas que han llevado al Ayuntamiento de Calp a dejar de prestar el servicio municipal de ambulancia 24 horas, gestionado hasta ahora por Cruz Roja. La formación expone que se trata de un problema arrastrado “desde hace décadas”, originado por la falta de competencia municipal para asumir este tipo de prestación y agravado por diversos pronunciamientos jurídicos que impiden su continuidad.
Según explican desde la formación, los ayuntamientos no tienen competencia legal para ofrecer un servicio complementario de transporte sanitario, lo que además impide licitarlo mediante un contrato público. Por ese motivo, en distintas etapas de gobierno se solicitaron a la Generalitat Valenciana delegaciones de competencia y un informe de no duplicidad, solicitudes que fueron denegadas en todas las ocasiones.
Compromís recuerda que, ante los informes técnicos municipales, el gobierno de 2018 en manos de César Sánchez, y con el apoyo explícito de la formación valencianista, decidió elevar una consulta al Consell Jurídic Consultiu. El organismo dictaminó a fecha de 2 de enero de 2019 que el servicio funcionaba como un contrato de servicios y que el Ayuntamiento de Calp no podía prestarlo al no disponer de competencias. Posteriormente, los servicios técnicos municipales analizaron la situación en municipios vecinos y concluyeron que los todos los ayuntamientos que mantienen ambulancias municipales lo hacen en una situación jurídica “irregular”.
En julio de 2022, ante lo que consideran una “injusticia”, el entonces gobierno local encabezado por Ana Sala, y nuevamente con apoyo de Compromís, decidió acudir a los tribunales. El litigio se perdió tanto en primera instancia como en segunda, y tanto el juzgado como el Tribunal Superior de Justicia reiteraron que un Ayuntamiento no puede prestar este tipo de servicio. La sentencia fue notificada al consistorio en noviembre de 2024.
Según la formación, recibir tres resoluciones consecutivas que prohíben expresamente la continuidad del servicio incrementa el riesgo de incurrir en responsabilidad penal o contable, una situación que no se da en otros municipios que siguen ofreciendo el servicio de forma irregular.
Compromís señala que hasta la llegada de la sentencia se permitió mantener la ambulancia municipal mientras el asunto se encontraba judicializado, a la espera de un posible fallo favorable. Una vez resuelto el procedimiento, el Ayuntamiento tuvo que dejar de pagar el servicio de forma inmediata, demorando solo unos meses su finalización mientras se licitaba el contrato de prevención de emergencias para eventos, competencia que sí es municipal.
La formación explica que planteó considerar como “eventos” las grandes concentraciones de personas como pueden ser las escuelas deportivas, playas, zonas escolares o mercados, pero la propuesta no fue aceptada. Asimismo, añaden que Cruz Roja no se presentó a la licitación del nuevo servicio valorado en 84.000 euros anuales.
Compromís detalla que el cambio de criterio respecto al pago de facturas irregulares también ha influido en la situación. En otros momentos, las facturas con objeciones de intervención se elevaban al pleno, permitiendo que todos los concejales avalaran o rechazaran el pago. Actualmente, el levantamiento de objeciones solo puede realizarlo la alcaldesa, lo que implica que podría incurrir en responsabilidad contable y llegar a asumir con su patrimonio personal el coste del servicio de los últimos cuatro años, que supera el millón de euros.
En relación con los trabajadores de Cruz Roja, la formación aclara que las relaciones laborales son exclusivamente entre la entidad y su personal, por lo que el Ayuntamiento de Calp no puede intervenir en despidos, avisos o reubicaciones. Respecto a por qué no se avisó con más antelación a Cruz Roja, Compromís considera que el aviso debió haberse realizado cuando estaba prevista la formalización del nuevo contrato de prevención de emergencias.
La formación añade un mensaje final de tranquilidad, recordando que las gestiones del Ayuntamiento de Calp ante la Generalitat lograron en septiembre de 2022 la incorporación de una ambulancia SVB de 12 horas, que se suma a la ambulancia autonómica de 24 horas. Así, indican que el municipio pasa de contar con dos ambulancias 24 horas (una municipal de Cruz Roja y una autonómica) a disponer de una ambulancia 24 horas y otra de 12 horas.
Compromís agradece a Cruz Roja la labor desarrollada en estos años y admite que llegar a esta situación “ha sido la más dura vivida en el gobierno”. La formación concluye que continuará reclamando a la Generalitat Valenciana el aumento de dotaciones de ambulancias en Calp “con independencia del color político que la gobierne”.

Compromís ha hecho público un documento explicativo en el que detalla de forma cronológica y estructurada las causas que han llevado al Ayuntamiento de Calp a dejar de prestar el servicio municipal de ambulancia 24 horas, gestionado hasta ahora por Cruz Roja. La formación expone que se trata de un problema arrastrado “desde hace décadas”, originado por la falta de competencia municipal para asumir este tipo de prestación y agravado por diversos pronunciamientos jurídicos que impiden su continuidad.
Según explican desde la formación, los ayuntamientos no tienen competencia legal para ofrecer un servicio complementario de transporte sanitario, lo que además impide licitarlo mediante un contrato público. Por ese motivo, en distintas etapas de gobierno se solicitaron a la Generalitat Valenciana delegaciones de competencia y un informe de no duplicidad, solicitudes que fueron denegadas en todas las ocasiones.
Compromís recuerda que, ante los informes técnicos municipales, el gobierno de 2018 en manos de César Sánchez, y con el apoyo explícito de la formación valencianista, decidió elevar una consulta al Consell Jurídic Consultiu. El organismo dictaminó a fecha de 2 de enero de 2019 que el servicio funcionaba como un contrato de servicios y que el Ayuntamiento de Calp no podía prestarlo al no disponer de competencias. Posteriormente, los servicios técnicos municipales analizaron la situación en municipios vecinos y concluyeron que los todos los ayuntamientos que mantienen ambulancias municipales lo hacen en una situación jurídica “irregular”.
En julio de 2022, ante lo que consideran una “injusticia”, el entonces gobierno local encabezado por Ana Sala, y nuevamente con apoyo de Compromís, decidió acudir a los tribunales. El litigio se perdió tanto en primera instancia como en segunda, y tanto el juzgado como el Tribunal Superior de Justicia reiteraron que un Ayuntamiento no puede prestar este tipo de servicio. La sentencia fue notificada al consistorio en noviembre de 2024.
Según la formación, recibir tres resoluciones consecutivas que prohíben expresamente la continuidad del servicio incrementa el riesgo de incurrir en responsabilidad penal o contable, una situación que no se da en otros municipios que siguen ofreciendo el servicio de forma irregular.
Compromís señala que hasta la llegada de la sentencia se permitió mantener la ambulancia municipal mientras el asunto se encontraba judicializado, a la espera de un posible fallo favorable. Una vez resuelto el procedimiento, el Ayuntamiento tuvo que dejar de pagar el servicio de forma inmediata, demorando solo unos meses su finalización mientras se licitaba el contrato de prevención de emergencias para eventos, competencia que sí es municipal.
La formación explica que planteó considerar como “eventos” las grandes concentraciones de personas como pueden ser las escuelas deportivas, playas, zonas escolares o mercados, pero la propuesta no fue aceptada. Asimismo, añaden que Cruz Roja no se presentó a la licitación del nuevo servicio valorado en 84.000 euros anuales.
Compromís detalla que el cambio de criterio respecto al pago de facturas irregulares también ha influido en la situación. En otros momentos, las facturas con objeciones de intervención se elevaban al pleno, permitiendo que todos los concejales avalaran o rechazaran el pago. Actualmente, el levantamiento de objeciones solo puede realizarlo la alcaldesa, lo que implica que podría incurrir en responsabilidad contable y llegar a asumir con su patrimonio personal el coste del servicio de los últimos cuatro años, que supera el millón de euros.
En relación con los trabajadores de Cruz Roja, la formación aclara que las relaciones laborales son exclusivamente entre la entidad y su personal, por lo que el Ayuntamiento de Calp no puede intervenir en despidos, avisos o reubicaciones. Respecto a por qué no se avisó con más antelación a Cruz Roja, Compromís considera que el aviso debió haberse realizado cuando estaba prevista la formalización del nuevo contrato de prevención de emergencias.
La formación añade un mensaje final de tranquilidad, recordando que las gestiones del Ayuntamiento de Calp ante la Generalitat lograron en septiembre de 2022 la incorporación de una ambulancia SVB de 12 horas, que se suma a la ambulancia autonómica de 24 horas. Así, indican que el municipio pasa de contar con dos ambulancias 24 horas (una municipal de Cruz Roja y una autonómica) a disponer de una ambulancia 24 horas y otra de 12 horas.
Compromís agradece a Cruz Roja la labor desarrollada en estos años y admite que llegar a esta situación “ha sido la más dura vivida en el gobierno”. La formación concluye que continuará reclamando a la Generalitat Valenciana el aumento de dotaciones de ambulancias en Calp “con independencia del color político que la gobierne”.


























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