El Estado reclama al Ayuntamiento más de un millón de euros por errores de cálculo en la participación de los tributos estatales de 2008-09

El portavoz del Gobierno y  edil de Hacienda, Paco Cabrera, ha ofrecido la habitual  rueda de prensa  sobre los contenidos de la junta de gobierno. Cabrera   ha anunciado  que  ha llegado al Ayuntamiento una comunicación  por la que el Estado reclama  más de un millón de euros al Ayuntamiento por errores en los fondos adelantados  por la participación  en los tributos del Estado en al anualidad 2008-09. 

Cabrera ha señalado que “en su día se envió  más dinero del que correspondía por  un error del propio Estado pero ahora no pueden pretender que se devuelva de un día para otro. Desde el Grupo popular de las Cortes Valencianas existe una propuesta  para  retrasar    esa dicotomía  porque los Ayuntamientos pueden quedar asfixiados  tal y como están las arcas  de los Consistorios”. El Ayuntamiento se ha adherido  a un escrito de la FEMP  para  dejar a un lado  esta reclamación  y se está a la espera de una posible  modificación.

Cabrera también ha anunciado que el Gobierno   trabaja en el inventario de  la RTVCalp, donde  se han detectado 559.000  euros en facturas  reconocidas pero  además existe un gran número de facturas que no tenían consignación presupuestaria  o que no siguieron  los procedimientos de contratación   regulares en un período   de entre 2006 y abril de 2011.

Otro de los temas tratados ha sido la aprobación en el pleno del pasado  viernes del Reglamento de Organización Municipal, “este documento es de gran importancia,  tiene ánimo de perdurar, ha habido  alegaciones, algunas fuera de plazo,  pero que   han sido atendidas. Es un documento de consenso que  garantizará el funcionamiento del Ayuntamiento  y sus órganos  colegiados y de  trabajo”.

Cabrera también ha valorado la  interpretación de la ordenanza de basura   elevada al pleno fuera del orden del día con el consenso de todos los grupos. Esta interpretación  evitará que los vecinos de Canuta I  paguen como   urbanización, tal y como  se clasificaba en el Plan General anterior a 1998,  cuando se enmarcan dentro de la zona de casco urbano y son  bloques de viviendas. “Con la modificación se  corrige un error de justicia tributaria”, según Cabrera.