Mazón alerta que la reducción de días de pesca en la UE costará 85 millones de euros y 4.000 empleos en la Comunitat Valenciana

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha criticado la decisión del Consejo de Agricultura y Pesca de la Unión Europea de reducir los días de pesca de 133 a 27 en la Comunitat Valenciana, lo que, según ha señalado, conducirá al desmantelamiento del sector pesquero, con una pérdida económica anual de 85 millones de euros y la eliminación de 4.000 puestos de trabajo directos e indirectos en la región.

Mazón ha expresado su profundo rechazo a esta medida y ha alertado sobre sus devastadoras consecuencias económicas y sociales para la comunidad. Esta reducción de días afecta principalmente a la flota de arrastre, que comprende más de 201 embarcaciones y da empleo a más de 700 tripulantes. Además, las flotas de artes menores (con 250 buques y unos 600 tripulantes) no serán viables sin el arrastre, lo que amplifica aún más el impacto negativo.

El presidente ha destacado que las consecuencias económicas no se limitan al sector pesquero, sino que afectarán a cofradías, lonjas, mayoristas de pescado, pescaderías y una red empresarial vinculada a esta actividad, lo que supondrá un impacto devastador para la economía local. Mazón ha explicado que la medida provocará un efecto dominó en varios sectores relacionados, como los mecánicos navales, rederos, calafates, astilleros, así como en la hostelería y turismo, al perderse el atractivo de un pescado fresco de calidad, esencial para la gastronomía y el turismo costero.

“Estamos hablando de una cadena económica que sostiene no solo empleos, sino una forma de vida y una tradición profundamente arraigada en nuestros municipios costeros”, ha enfatizado Mazón, añadiendo que la reducción de los días de pesca podría tener efectos irreversibles para el sector, dificultando su recuperación en el futuro.

Por último, el presidente ha exigido al Gobierno de España que defienda al sector pesquero con determinación y sea firme en las negociaciones en Bruselas para revertir esta decisión. Mazón ha confiado en que el Gobierno haya cumplido con su obligación de reunir los países necesarios para bloquear esta propuesta radical, asegurando que no permitirá que la Unión Europea condene a las comunidades costeras a la desaparición económica, social y cultural.