El gobierno de Calpe apuesta por expropiar terrenos privados para destinarlos a uso dotacional

El tripartito de gobierno de Calpe, compuesto por Somos Calpe, Compromís y PSOE, presentará en el próximo pleno la desclasificación de los sectores Garduix I y II, Pla Feliu I y II, y Ráfol I y II para transformarlos en áreas dotacionales. Esta decisión supone un giro histórico en el planeamiento urbanístico del municipio, al cambiar el criterio de compensación mediante el sistema de expropiación por justiprecio, un mecanismo que implica el pago en metálico en lugar de ceder derechos de aprovechamiento urbanístico.

La propuesta, que se ha convertido en el principal punto del próximo pleno, ha sido expuesta por la alcaldesa Ana Sala esta mañana en rueda de prensa, donde ha estado respaldada por la mayoría del equipo de gobierno. Solo los concejales Marco Bittner, Mariola Mulet y Rebeca Merchán se han ausentado de la comparecencia.

Durante la presentación, la alcaldesa ha subrayado la importancia de esta iniciativa, que busca destinar cerca de 350.000 metros cuadrados de terrenos privados a usos recreativos, culturales, deportivos y sanitarios, con el objetivo también de preservar un pulmón verde para el municipio. "Dejar tirados a los propietarios nunca me ha gustado, pero es la fórmula más objetiva y justa," afirmó Sala.

El concejal de Urbanismo, Juan Manuel del Pino, explicaba que estos terrenos han estado clasificados como rústicos durante más de 20 años, sin haber sido objeto de ningún programa de desarrollo. Ante la posibilidad legal de desclasificarlos, el gobierno local ha decidido asumir la potestad de expropiarlos, considerando que esta medida responde al interés general de la población.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal del PSOE, Guillermo Sendra, ha definido el acuerdo como "histórico" y "valiente," señalando que esta decisión representa un cambio de paradigma en el modelo urbanístico de Calpe.

La desclasificación de los sectores evitará, según el equipo de gobierno, el incremento de las Unidades de Aprovechamiento (UAS), que obligarían a compensar a los propietarios con suelo o dinero, una situación que el Ayuntamiento busca prevenir.

No obstante, la medida ha generado rechazo entre los propietarios de los terrenos, que, en palabras de los portavoces del gobierno, suman entre 25 y 30 personas. Algunos de ellos poseen grandes extensiones en las áreas afectadas, como dejó entrever el socialista Guillermo Sendra, refiriéndose a éstos como “los poderes económicos conocidos por todos, lamentablemente, por su impacto en el desarrollo urbanístico especulativo”.

La opción de desclasificar los terrenos sin pagar a los propietarios no se estima, ya que haría que los terrenos siguiesen calificados como “rústico común”. Con ello, solo se podría cortar los árboles para plantar nuevas especies o instalar una vivienda cada 10.000 metros cuadrados. Además, la desclasificación pura obligaría a los propietarios a mantener las parcelas limpias y valladas.

Posibles desafíos judiciales y antecedentes

La indemnización estimada en esta operación podría alcanzar los 9 euros por metro cuadrado, aunque el proceso se prevé largo, dado que es probable que los propietarios recurran a los tribunales para impugnar la decisión. Según cálculos iniciales, la desclasificación de estos terrenos podría tardar entre uno y dos años en completarse.

Calpe cuenta con precedentes en la compensación económica a propietarios de terrenos desclasificados. Por ejemplo, en el caso del recinto ferial, donde los propietarios reclamaron 8 millones de euros al Ayuntamiento, una sentencia judicial determinó una compensación final de 100.000 euros. Un caso similar se dio en el paraje de Las Salinas, donde los propietarios tasaron los terrenos en 60 millones de euros al considerar su valor como urbano, cifra que inicialmente no ha sido aceptada por los tribunales, aunque es recurrible.

En el ámbito urbanístico local, el Ayuntamiento calpino también ha tenido que compensar en el pasado por otros terrenos destinados a equipamientos. Uno de los casos más relevantes es el terreno donde se ubica el IES Ifach, donde se compensó al propietario con suelo en Maryvilla, donde más tarde se construyó Montesol, un complejo urbanístico con 20 adosados. En esta línea, el Ayuntamiento deberá compensar a los propietarios del terreno de más de 30.000 metros cuadrados donde va a instalarse el segundo instituto. Son 6.200 UAS valoradas en 14 millones de euros.

Con todo, la propuesta del tripartito de gobierno todavía debe pasar por pleno, pero como se avanza, el objetivo es la desclasificación y expropiación de los terrenos en Garduix, Pla Feliu y Ráfol, un hito en el urbanismo calpino.