La denuncia del partido socialista de Calpe contra la alcaldesa por “retirar los sueldos a la oposición” ya tiene fecha en el juzgado de lo contencioso de Alicante

El Partido Socialista de Calpe, ha informado que el juzgado de lo contencioso administrativo de Alicante ha fijado una fecha para el juicio contra la decisión emitida por la alcaldesa Ana Sala en junio de 2021 al retirar los sueldos a la oposición que en el año 2019 el equipo de gobierno había aprobado en una sesión plenaria extraordinaria en la que por primera vez la oposición pasaba a tener dedicaciones parciales del 50% con una retribución anual de 17.000 euros (se destinaron en aquel entonces 2 al Psoe y 1 a Compromís).

El juicio, han señalado desde la oposición, “se llevará a cabo el 27 de noviembre de 2023, cuando Sala ya no sea alcaldesa”. Además, se han citado diferentes concejales para acreditar los hechos denunciados.

El Grupo Municipal Socialista ha presentado una demanda en contra de la revocación de los sueldos por parte de la alcaldesa, “la cual sucedió como resultado de la labor de oposición de denunciar irregularidades y defender ideas políticas. El decreto de alcaldía generó un gran debate en 2021 y un vendaval administrativo que proyectó sospechas de prevaricación” afirman desde la bancada socialista.

Así pues y a juicio de los socialistas “al negarse el ayuntamiento a dar explicaciones”, desde el Grupo Municipal del PSOE de Calpe, recurrieron a la jurisdicción contenciosa administrativa, señalando en su escrito que: “La falta de motivación y diálogo por parte de la alcaldesa, junto con la unilateralidad de su decisión, pone en peligro los fundamentos constitucionales de la acción política. Los hechos similares abren la puerta a una demanda por parte de los concejales del Partido Popular cesados, Domingo Sánchez y Hilde Backaert”

En este sentido desde la oposición recuerda que “aunque la alcaldesa tiene la potestad de otorgar o revocar los sueldos, no puede actuar de manera arbitraria o en contra de acuerdos plenarios”, añadiendo que “la aceptación de la demanda por parte del juzgado confirma la gravedad de los hechos y pone en una situación delicada a la alcaldesa Sala”.

Con todo lo anterior los socialistas ponen de manifiesto que buscan “poner fin a la anomalía de utilizar dinero público para comprar lealtad política con la revocación de los sueldos”.