Calp abona más de 200.000 euros por servicios prestados por la ambulancia de la Cruz Roja

El Ayuntamiento de Calp aprobó en el último pleno el pago de unos 225.000 a la asamblea local de la Cruz Roja en concepto de utilización de la ambulancia en diversas situaciones de emergencia sanitaria en la ciudada.

Estas facturas pasan por el pleno, debido a que el convenio que mantenía el Ayuntamiento con la entidad para la prestación del servicio alternativo de transporte sanitario de emergencias fue anulado por el Consell Juridic Consultiu, ya que el transporte sanitario es una competencia que ejerce la Conselleria de Sanitat y que a todas luces no llega para cubrir las necesidades reales de cada municipio.

La propia Ana Sala explicó en el desayuno celebrado con la prensa a principio de semana que se iba a producir ese pago “porque no podemos dejar de dar el servicio a la ciudadanía”. Es -subrayó- “un servicio que se ha hecho y se debe pagar”.

Sala comentó que el Consistorio había pedido una delegación de competencias a la Conselleria de Sanitat para hacer un contrato y legalizarlo, pero “tampoco nos dejan”. En cambio, explicó que la Generalitat si cede competencias para las obras del Plan Edificant.

Tras aprobarse el pago en el pleno desde el PSPV remitieron un comunicado en el que aseguraron que “la alcaldesa lanza acusaciones al Consell, a la dirección general de urgencias y al grupo municipal socialista. Un discurso vacío de contenido en el que no se aporta ninguna propuesta de solución”.

Los socialistas creen que “por nuestra situación geográfica y los aumentos estacionales de población, la infraestructura de transporte sanitario es insuficiente y necesita complementarse con servicios adicionales. No pocas son las polémicas y situaciones vividas por la carencia geográfica que nos sitúa en el extremo más meridional de la Marina Alta”.

Asimismo manifestaron que una posible “solución pasaría por pedir a Consellería la delegación de competencias y licitar el servicio de transporte sanitario. Así el asunto tendría cobertura legal además de ser complementario al servicio que ya de por sí se ofrece en la Marina Alta”.

Pero añadieron que “aparte de las proclamas de proyectos grandilocuentes no hemos visto ni traza de ello en los presupuestos municipales de reciente aprobación, ni indicio alguno de intención política de poner en marcha esta solución”.