Abogados de las plataformas redactan un escrito estándar que presentarán en los juzgados con el objeto de frenar los desahucios al amparo de la sentencia que ha considerado irregulares los procesos de ejecución hipotecaria en España
Las Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH) informan tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE
Abogados de las Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH) comenzaron el pasado día 16 del presente mes a redactar un escrito estándar que presentarán en los juzgados con el objeto de frenar los desahucios al amparo de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que ha considerado irregulares los procesos de ejecución hipotecaria en España. "Lo importante es traducir esta sentencia en hechos concretos", destacaba la portavoz de esta plataforma Ada Colau, al explicar la reunión celebrada esta mañana en Madrid con abogados de la plataforma de toda España para diseñar las estrategias a seguir en los juzgados tras esa resolución.
Uno de los abogados presentes en esta reunión, Marti Batllori, expuso a
los periodistas que ahora deberán "plantear todo tipo de estrategias
para entrar por la gran puerta abierta por el tribunal europeo y exigir a
los jueces que se defiendan los derechos de los afectados" frente a los
de las entidades bancarias. "La idea es elaborar un documento que
puedan esgrimir todos los afectados a través de sus abogados para
paralizar los alzamientos, haciendo valer el derecho a que se declaren
nulas las cláusulas abusivas de los prestamos hipotecarios", ha
precisado. Pero no solo se trata de frenar desahucios sino que también
se van a diseñar estrategias para tratar de reparar el daño causado a
aquellas personas que ya han perdido su casa.
La plataforma va a
intentar conseguir la nulidad de esos procedimientos con carácter
retroactivo "y que las personas puedan ser compensadas por ese daño",
recuperando la vivienda y cancelando su deuda. La idea es obtener una
compensación del Estado, demandándole "por falta de trasposición de la
directiva comunitaria por incumplimiento de la ley española de la
directiva". No obstante, Ada Colau cree que la solución al drama de los
desahucios no está en los juzgados porque si lo que el tribunal europeo
ha dicho es que "la ley española es ilegal, lo que hay que hacer de
manera urgente es cambiar esa ley". A su juicio, el Gobierno está
tratando de "desvirtuar el espíritu de fondo de esa sentencia", que lo
que ha hecho es detectar "un problema grave estructural en el
procedimiento" que causa "indefensión a las personas afectadas".
"Querer
limitar eso a que si de un mes de impago se pase a tres meses, o al
porcentaje de tipo de interés por mora, eso es escandaloso, un insulto a
los afectados y exigimos (al Gobierno) que dejen de marear la perdiz y
escuchen a los ciudadanos", ha remachado Colau al criticar las medidas
aprobadas ayer en Consejo de Ministros. Para la portavoz "es una
vergüenza que el Gobierno, una vez más, esté atendiendo a los intereses
de las entidades financieras en lugar de escuchar las demandas
ciudadanas y acatar la sentencia del tribunal europeo". Colau cree que
es el momento de aplicar las medidas de la Iniciativa Legislativa
Popular (ILP) que este colectivo consiguió presentar en el Congreso con
el respaldo de un millón y medio de firmas.
No obstante, ha
observado que las medidas propuesta en esa ILP son "de mínimos" y no
resolverían el problema del todo, "pero permitirían hacer borrón y
cuenta nueva y con una ley que sea justa podríamos encarar los
procedimientos futuros". Batllori también defiende que la sentencia
"pone la pelota en el tejado del Gobierno, que debe hacer una profunda
reforma del sistema de ejecución hipotecaria", y también ha reclamado
que ese "cambio en profundidad" se haga en el sentido de la ILP. En esa
iniciativa, ha añadido, se propone la dación en pago para cancelar la
deuda y el alquiler social "para seguir manteniendo una vivienda digna
que es lo que nos pide Europa y que es lo que permite garantizar que no
se aboque a las personas a una situación de exclusión social".
Plataforma Pha Denia
Uno de los abogados presentes en esta reunión, Marti Batllori, expuso a
los periodistas que ahora deberán "plantear todo tipo de estrategias
para entrar por la gran puerta abierta por el tribunal europeo y exigir a
los jueces que se defiendan los derechos de los afectados" frente a los
de las entidades bancarias. "La idea es elaborar un documento que
puedan esgrimir todos los afectados a través de sus abogados para
paralizar los alzamientos, haciendo valer el derecho a que se declaren
nulas las cláusulas abusivas de los prestamos hipotecarios", ha
precisado. Pero no solo se trata de frenar desahucios sino que también
se van a diseñar estrategias para tratar de reparar el daño causado a
aquellas personas que ya han perdido su casa.
La plataforma va a
intentar conseguir la nulidad de esos procedimientos con carácter
retroactivo "y que las personas puedan ser compensadas por ese daño",
recuperando la vivienda y cancelando su deuda. La idea es obtener una
compensación del Estado, demandándole "por falta de trasposición de la
directiva comunitaria por incumplimiento de la ley española de la
directiva". No obstante, Ada Colau cree que la solución al drama de los
desahucios no está en los juzgados porque si lo que el tribunal europeo
ha dicho es que "la ley española es ilegal, lo que hay que hacer de
manera urgente es cambiar esa ley". A su juicio, el Gobierno está
tratando de "desvirtuar el espíritu de fondo de esa sentencia", que lo
que ha hecho es detectar "un problema grave estructural en el
procedimiento" que causa "indefensión a las personas afectadas".
"Querer
limitar eso a que si de un mes de impago se pase a tres meses, o al
porcentaje de tipo de interés por mora, eso es escandaloso, un insulto a
los afectados y exigimos (al Gobierno) que dejen de marear la perdiz y
escuchen a los ciudadanos", ha remachado Colau al criticar las medidas
aprobadas ayer en Consejo de Ministros. Para la portavoz "es una
vergüenza que el Gobierno, una vez más, esté atendiendo a los intereses
de las entidades financieras en lugar de escuchar las demandas
ciudadanas y acatar la sentencia del tribunal europeo". Colau cree que
es el momento de aplicar las medidas de la Iniciativa Legislativa
Popular (ILP) que este colectivo consiguió presentar en el Congreso con
el respaldo de un millón y medio de firmas.
No obstante, ha
observado que las medidas propuesta en esa ILP son "de mínimos" y no
resolverían el problema del todo, "pero permitirían hacer borrón y
cuenta nueva y con una ley que sea justa podríamos encarar los
procedimientos futuros". Batllori también defiende que la sentencia
"pone la pelota en el tejado del Gobierno, que debe hacer una profunda
reforma del sistema de ejecución hipotecaria", y también ha reclamado
que ese "cambio en profundidad" se haga en el sentido de la ILP. En esa
iniciativa, ha añadido, se propone la dación en pago para cancelar la
deuda y el alquiler social "para seguir manteniendo una vivienda digna
que es lo que nos pide Europa y que es lo que permite garantizar que no
se aboque a las personas a una situación de exclusión social".
Plataforma Pha Denia
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