El gobierno de Calp renuncia a expropiar el terreno del recinto ferial por el que los propietarios piden tres millones de euros

El portavoz del gobierno de Calp, Paco Cabrera, informó durante esta semana que el ayuntamiento renuncia al procedimiento de expropiación forzosa para la obtención de suelo dotacional destinado a recinto ferial por el que los propietarios piden una indemnización de 3 millones de euros según informe de peritaje.

Cabrera señaló que tras una ocupación del suelo, que ya ha costado 600.000 euros por sentencia al ayuntamiento, y los gastos de asfaltado y adecuación de los terrenos y el inicio de un expediente de expropiación en el año 2008, “el ayuntamiento ya ha perdido suficiente dinero en unos terrenos que no son suyos”.

Cabrera informó que “el ayuntamiento no va a acudir a un juzgado por un terreno que no necesita y por el que se pide, según valor de tasación, más de tres millones de euros. El ayuntamiento no tiene ese dinero y lo prudente es dar marcha atrás para no gastarnos lo que no tenemos”, ha indicado.

Cabrera subrayó  que unos terrenos que no son de propiedad municipal han costado, entre sentencias por ocupación ilegal, acondicionamiento y litigios por tasación, más de un millón de euros a los calpinos “por nada”.

Contencioso con Habitat Resorts S.L.

El alcalde de Calp ha llevado a la comisión informativa de esta semana una demanda presentada por Bancaja, que reclama al consistorio 11,4 millones de euros por entender esta entidad que, además de “La Saleta”, existía el compromiso de un terreno para construir una segunda residencia de mayores.

El litigio se remonta al año 2000 en el que el ayuntamiento licita una residencia en la avenida Generalitat con un pliego en el que se indica que la empresa que construye la residencia plantea una segunda construcción en un terreno situado en el PAI Casanova.

El proyecto queda rechazado por informes municipales debido a que no se reúne condiciones de edificabilidad y suelo, según PGOU y el consistorio ofrece el PAI Senieta que tiene otras características urbanísticas. La empresa acepta pero se supedita al desarrollo del sector, que aún está pendiente del urbanizador a día de hoy. La empresa reclama al ayuntamiento indemnización por gastos al considerar que su proyecto no era viable sin la segunda residencia.

El ayuntamiento lanzó un segundo concurso, donde en la actualidad está construida la residencia la Saleta pero la primera empresa no entra pero reclama la adjudicación directa.

El litigio sigue pendiente de resolución judicial pero el alcalde ha convocado una junta de portavoces, que aún está reunida al envío de esta nota, para que los diversos representantes municipales aporten al gobierno documentos o algún tipo de información ya que, al ser un procedimiento histórico, los diferentes grupos municipales de la corporación han podido informarse y tomar acciones cuando estuvieron en el gobierno.

Cabrera señoló  que se está a la espera de adoptar decisiones tras un periodo de suspensión de 60 días, que finaliza esta semana, solicitado por el ayuntamiento para poder negociar ambas partes.

Expediente de resolución y faltas contra Colsur S.L.

Cabrera también informó  sobre el expediente de resolución de la contrata de recogida y eliminación de residuos sólidos urbanos que mantiene con la mercantil Colsur S.L. El gobierno alega reiterados incumplimientos, por parte de la mercantil, tanto en el pasado como en la actualidad del contrato.

Cabrera señaló  que por primera vez, desde el año 1998, el gobierno ha recopilado expedientes municipales informando a la empresa de faltas, graves y muy graves, en el tratamiento y eliminación de los residuos que incumplen el pliego de condiciones y el contrato que mantiene con el ayuntamiento. Cabrera ha señalado que desde la llegada al gobierno de César Sánchez se adoptó la decisión de cambiar al jefe del servicio y comenzar a supervisar con expediente, la actuación y trabajo de la empresa ya que hasta el momento, no consta en el ayuntamiento ninguna irregularidad de la que informe expediente municipal alguno.

El proceso se puede alargar en el tiempo, para dar cumplimiento a todos los trámites legales.