El PP de Calp exige al Gobierno Local respuestas y un plan de contingencia ante la huelga de Acciona

El Grupo Municipal del Partido Popular de Calp ha solicitado la convocatoria extraordinaria y urgente de una Junta de Portavoces para que el Equipo de Gobierno explique qué medidas está adoptando ante las incidencias en la recogida de residuos y limpieza viaria durante la huelga indefinida de los trabajadores de Acciona Servicios Urbanos.

El PP quiere conocer el grado de cumplimiento de los servicios mínimos, los informes técnicos elaborados desde el inicio de la huelga, las posibles actuaciones frente a la empresa concesionaria y, especialmente, el plan previsto por el Ayuntamiento si el conflicto continúa durante los próximos días o semanas.

Según la información municipal trasladada, se establecieron unos servicios mínimos del 70% para la recogida y transporte de residuos y del 60% para la limpieza viaria. Sin embargo, el Gobierno de Calp ha reconocido dificultades en la prestación del servicio y ha anunciado que estudia posibles medidas sancionadoras frente a la concesionaria.

Para los populares, no se trata únicamente de conocer qué está ocurriendo ahora, sino de saber qué hará el Ayuntamiento si la situación se prolonga.

“Queremos saber si existe un plan de contingencia, qué medios se han previsto y cómo se va a actuar en aquellos puntos donde pueda producirse una mayor acumulación de residuos. Estamos en agosto y no se puede esperar a que el problema vaya a más para decidir qué hacer”, señala el portavoz del Grupo Municipal Popular, Miguel Crespo.

El portavoz del PP también recalca la diferencia de responsabilidades: “Los trabajadores tienen derecho a reclamar y la empresa tiene la obligación de negociar, pero el Ayuntamiento tiene la obligación de controlar el contrato y cuidar el pueblo”.

Un servicio de más de 35 millones de euros

El servicio de recogida de residuos y limpieza viaria de Calp está adjudicado a Acciona por 35.216.866,90 euros (sin IVA) durante nueve años. El contrato contempla mecanismos de inspección y control, así como la posibilidad de reducir certificaciones por servicios no prestados o ejecutados de forma deficiente y aplicar las medidas previstas en el régimen sancionador.

El Partido Popular sostiene que la externalización del servicio no exime al Ayuntamiento de su responsabilidad de control, supervisión y exigencia del cumplimiento del contrato.

“Estamos hablando de uno de los contratos más importantes del Ayuntamiento y de un servicio que afecta diariamente a todos los vecinos. El Gobierno Local debe explicar qué mecanismos de control está utilizando y qué decisiones va a adoptar si se confirma que el servicio no se está prestando en las condiciones establecidas”, apunta Crespo.

Asimismo, los populares recuerdan que son los vecinos quienes financian la gestión de los residuos mediante una tasa específica y la subida aprobada a finales de 2024, junto a la modificación aprobada inicialmente en 2026.

Para el PP, “este esfuerzo económico obliga al Ayuntamiento a mantener un control especialmente riguroso sobre la prestación, algo que creemos que no está ocurriendo desde hace meses”.

A disposición de los trabajadores

El Grupo Municipal Popular ya ha planteado la posibilidad de mantener una reunión con los trabajadores para conocer de primera mano su situación y sus reivindicaciones y reitera que sigue a su disposición para escucharles cuando lo consideren oportuno.

“Llevamos tiempo pidiendo información sin recibir respuesta y vamos a seguir preguntando e insistiendo. Estamos a disposición de los trabajadores para escucharlos si ellos lo consideran oportuno; nuestra labor es fiscalizar y exigir respuestas”, esgrime Crespo.

Desde el PP rechazan las insinuaciones que pretenden vincularles con un conflicto laboral en el que no participan y sobre el que no se habían pronunciado hasta ahora. “Atribuir responsabilidades a quien no las tiene no ayuda a resolver el problema. Cada parte debe responder por lo que le corresponde”, señalan.

Por último, el Grupo Municipal Popular asegura que seguirá fiscalizando al Gobierno Local, exigiendo transparencia y reclamando que los vecinos de Calp reciban el servicio que están pagando.