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Noticias de Calp

Calp recurre el contrato autonómico de ambulancias por considerar insuficiente la dotación prevista

El Ayuntamiento calpino presenta un recurso ante el TACRC y sostiene que la Conselleria no ha tenido en cuenta la población real, el aumento estacional ni la distancia al hospital comarcal

El Ayuntamiento de Calp ha interpuesto un recurso especial en materia de contratación contra el pliego técnico del procedimiento de contratación del servicio de transporte sanitario terrestre, urgente y no urgente de la Comunitat Valenciana, al considerar insuficiente el número de ambulancias previstas para cubrir las necesidades asistenciales del municipio.

 

El recurso ha sido presentado ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) y se dirige contra los pliegos que regulan una licitación autonómica valorada en 857,8 millones de euros. Desde el consistorio calpino se sostiene que la estimación realizada por la Conselleria de Sanidad “no se ajusta a la realidad” de Calp y no garantiza una cobertura adecuada del servicio sanitario.

 

El Ayuntamiento de Calp argumenta que el número de ambulancias asignadas al municipio no responde ni a la población empadronada ni al elevado incremento de habitantes que registra Calp durante gran parte del año debido a la población flotante y al turismo.

 

Además, se considera que tampoco se ha tenido en cuenta la distancia con el hospital comarcal de referencia, así como las dificultades de desplazamiento y los tiempos de respuesta que pueden producirse durante la temporada estival.

 

En el recurso, el consistorio también cuestiona la metodología empleada por la administración autonómica para calcular los medios asignados a cada municipio. Entre los motivos alegados figura la “infradotación” de efectivos destinados al transporte sanitario en Calp, así como la “falta de justificación” en los criterios utilizados para determinar el número de ambulancias.

 

El Ayuntamiento sostiene igualmente que podría existir un error en el cálculo del presupuesto base de licitación y del valor estimado del contrato, por lo que solicita la rectificación del pliego y una revisión de la dotación prevista para el municipio.

 

Un conflicto que se arrastra desde 2018

 

La controversia entre el Ayuntamiento de Calp y la Generalitat Valenciana por el servicio de ambulancias no es nueva. El consistorio recuerda que ya en el año 2018 solicitó a la Generalitat la delegación de la prestación del servicio de transporte sanitario municipal como complemento al servicio autonómico, con el objetivo de cubrir las necesidades que no estaban siendo atendidas adecuadamente.

 

Sin embargo, la Conselleria de Sanidad consideró entonces que existía duplicidad en la prestación del servicio y rechazó que el Ayuntamiento pudiera asumir esa competencia de manera impropia.

 

Posteriormente, en 2022, el Ayuntamiento presentó una reclamación de responsabilidad patrimonial contra la Generalitat Valenciana por los costes económicos asumidos por el propio municipio para reforzar el servicio de ambulancias ante la insuficiente cobertura autonómica. Según el Consistorio, durante años se han destinado recursos municipales a contratar servicios complementarios de ambulancia para atender situaciones derivadas de la falta de medios habilitados por la Conselleria.

 

Aquella reclamación fue inadmitida por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. El Ayuntamiento de Calp interpuso posteriormente un recurso contencioso-administrativo contra esa resolución, aunque finalmente la sala desestimó el recurso presentado por la administración local.

 

Desde el consistorio se defiende que el objetivo del nuevo recurso es corregir una situación que consideran estructural y garantizar una dotación adecuada de ambulancias para un municipio con elevada presión asistencial durante gran parte del año.

 

El Ayuntamiento sostiene que ha intentado “suplir las deficiencias” del servicio autonómico mediante recursos propios, pero considera que la responsabilidad de garantizar una cobertura suficiente corresponde a la administración autonómica competente en materia sanitaria.

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