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Jueves, 26 de Marzo de 2026

Actualizada Jueves, 26 de Marzo de 2026 a las 13:02:41 horas

Jueves, 26 de Marzo de 2026 Tiempo de lectura:
Artículo de opinión política firmado por el Grupo Municipal Socialista

Urbanismo en Calp: los datos que algunos prefieren olvidar

Cuando el mismo actor pide más construcción y se indigna por las grúas, algo no cuadra

En los últimos días ha circulado por las redes sociales y los medios locales de Calp una secuencia de mensajes que, analizados juntos, revelan más de lo que su autor pretende. Primero, un vídeo grabado junto a las salinas que expresa indignación ante las grúas que se levantan en el municipio. Después, un artículo de opinión que exige al Ayuntamiento agilizar las licencias de obra porque los retrasos frenan los proyectos de los vecinos. Ambos mensajes proceden de la misma persona y del mismo partido. Y ambos se anulan mutuamente.

 

No se trata de una matización o de una diferencia de énfasis. Es una contradicción estructural: no se puede reclamar que la administración tramite más rápido las licencias de construcción y al mismo tiempo denunciar que se está construyendo demasiado, sin explicar qué construcciones son urgentes y necesarias y cuáles son un atentado contra el paisaje. Esa explicación nunca llega. Lo que llega, en cambio, es la indignación sin contenido propositivo y la crítica sin propuesta alternativa — los dos ingredientes de una comunicación política diseñada para el impacto emocional, no para el debate real.

 

Análisis de la contradicción interna

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Dos mensajes emitidos por la misma persona y el mismo partido en el mismo ciclo de comunicación.

 

Para entender el urbanismo en Calp no hace falta recurrir a la intuición. Basta con los datos. Según la documentación histórica del municipio, el 36,7% del parque inmobiliario actual — más de 16.250 unidades — se construyó entre el año 2000 y el 2009. En la década anterior, los noventa, se levantaron otras 5.719 unidades, un 12,9% adicional. En conjunto, casi la mitad del territorio urbanizado de Calp fue consumido en apenas veinte años, durante un período en que el Partido Popular gobernó ininterrumpidamente el municipio. Ese es el legado urbanístico sobre el que ahora se pide que rindamos cuentas.

 

El resultado de aquellos años es un municipio con el territorio prácticamente agotado. Lo que queda son los márgenes, los espacios de valor ambiental, los últimos reductos de suelo rústico que actúan como pulmón y legado para las generaciones futuras. Es precisamente en esa frontera donde se libra hoy la batalla real del urbanismo local.

 

El caso más significativo es el conocido como Pla de Feliu, una extensión equivalente a cuarenta campos de fútbol que el equipo de gobierno tripartito ha propuesto preservar mediante expropiación para uso público. Una reserva verde para los calpinos del futuro, en un municipio donde el suelo libre es ya un bien escaso. La respuesta del Partido Popular a esta iniciativa ha sido la oposición. No es una discrepancia técnica sobre procedimientos: es una posición política que defiende mantener en manos privadas — vinculadas históricamente al entorno del propio partido — el último gran reducto de suelo rústico del municipio.

 

El contexto provincial no es irrelevante. En la ciudad de Alicante, el llamado caso Brugal destapó cómo el planeamiento urbanístico fue diseñado durante años a la medida de un promotor privado. El sumario judicial documentó la sustitución de técnicos municipales de carrera por personal más dócil, el acceso anticipado a borradores del Plan General y un rosario de obsequios que circulaban entre políticos y empresarios. Más recientemente, el escándalo de las viviendas de protección oficial en la Playa de San Juan de Alicante reveló cómo de los 140 pisos públicos, alguno,s acabaron en manos de concejales del PP, directores generales de la Generalitat y sus familiares, con alquileres de hasta 1.600 euros mensuales y ventas con pagos presuntamente en negro. En Llíber, municipio de la Marina Alta, una sentencia de 2025 condenó al exalcalde del PP por prevaricación urbanística en la concesión de licencias ilegales para más de trescientos chalets en suelo rústico. La justicia tardó veintidós años en resolver el caso.

 

Frente a ese historial, el tripartito que gobierna Calp desde 2023 ha impulsado un proyecto de vivienda social con el consenso de los tres partidos que lo integran. El Partido Popular no ha aportado ninguna propuesta alternativa, ninguna enmienda constructiva, ningún plan. Ha optado por la crítica sin contenido — y, como muestra el análisis de sus comunicaciones recientes, por mensajes que se contradicen entre sí cuando se leen en secuencia.

 

Esa contradicción tiene además una firma técnica reconocible. Los textos publicados presentan rasgos propios de contenido generado con asistencia de inteligencia artificial: estructura simétrica perfecta, ausencia total de datos verificables, frases cortas diseñadas para el impacto emocional y un remate electoral insertado manualmente sobre un cuerpo de texto genérico. No es un juicio moral. Es una observación sobre la calidad del debate que se nos ofrece: cuando un partido sustituye el análisis por el algoritmo y la propuesta por la indignación — y encima incurre en contradicciones internas en el mismo ciclo de comunicación — algo falla en su relación con los ciudadanos.

 

Calp merece un debate urbanístico serio. Un debate que parta de los datos — de los 16.250 pisos levantados en una década, del territorio consumido, de los cuarenta campos de fútbol que aún podemos proteger (285.600 m², es decir, cerca de 29 hectáreas (0,29 km²).) — y no de mensajes contradictorios lanzados por el mismo actor según conviene al ciclo electoral. Los vecinos no necesitan que se les indignen en su nombre. Necesitan propuestas con nombre, con presupuesto y con coherencia. Eso es lo que distingue la política de la actuación.

 

Grupo Municipal Socialista · Calp, març de 2025

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