Noticias de Calp
Un abogado de Calp lleva al Tribunal Europeo de Derechos Humanos la actuación del Estado durante la DANA
La demanda, dirigida jurídicamente por Francisco Ramón Perona García, denuncia una supuesta doble omisión estatal en la gestión de la emergencia
LIBERUM ha presentado en Estrasburgo una demanda contra el Estado por un presunto “continuum de negligencia” durante la DANA de 2024 y la posterior falta de investigación del fallecimiento de un trabajador en Benetússer, en una acción dirigida jurídicamente por el abogado calpino Francisco Ramón Perona García.
LIBERUM ha interpuesto ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) una demanda contra el Reino de España por vulneración del derecho a la vida (artículo 2 CEDH) y de los artículos 13 y 6-1. La acción se basa en la idea de un “continuum de negligencia”, una secuencia de omisiones que, según la asociación, comienza con la falta de medidas preventivas durante la DANA del 29 de octubre de 2024 y culmina con la ausencia de una investigación eficaz tras el fallecimiento de un trabajador el 18 de enero de 2025 en el municipio de Benetússer.
La dirección jurídica del caso está a cargo del abogado calpino Francisco Ramón Perona García, quien articula la demanda en torno a una doble omisión estatal. Por un lado, el escrito sostiene que el Estado no activó el Nivel 3 de emergencia previsto en la Ley 17/2015 de Protección Civil, ni movilizó los recursos extraordinarios disponibles, como mecanismos de coordinación nacional o el refuerzo de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Por otro lado, argumenta que, pese a haberse comunicado formalmente el fallecimiento del operario a las autoridades judiciales competentes, no se habría impulsado una investigación efectiva sobre los hechos.
Según la demanda, y a juicio de LIBERUM, esta combinación de ausencia de medidas preventivas e inacción investigadora constituye un encadenamiento de decisiones que vulnera los estándares europeos de protección de la vida. El escrito presentado en Estrasburgo afirma que “la suma de omisiones revela un fallo estructural del Estado en su deber de diligencia debida” y solicita al TEDH que valore el caso como una vulneración integral de las obligaciones previstas en el Convenio.
LIBERUM plantea que este supuesto déficit de actuación institucional impidió garantizar el acceso a la verdad y la tutela judicial efectiva. El procedimiento ha quedado registrado en Estrasburgo, donde el tribunal europeo deberá decidir ahora sobre la admisión a trámite y los siguientes pasos procesales.
Proceso judicial previo
El camino recorrido no ha sido fácil para Perona y LIBERUM, ya que la primera demanda se presentó el 3 de noviembre de 2024 ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), aunque dicho órgano se declaró incompetente y el proceso tuvo que escalar al Tribunal Supremo, donde además se pedían medidas cautelares. No obstante, la situación desembocaba en un punto de no salida al no obtener respuesta.
Con todo ello, tuvo que elevarse al Tribunal Constitucional, donde el propio Conde Pumpido firmaba una resolución donde argumentaba que “no había interés constitucional”. De esta forma, el caso llega ahora al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.
LIBERUM ha interpuesto ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) una demanda contra el Reino de España por vulneración del derecho a la vida (artículo 2 CEDH) y de los artículos 13 y 6-1. La acción se basa en la idea de un “continuum de negligencia”, una secuencia de omisiones que, según la asociación, comienza con la falta de medidas preventivas durante la DANA del 29 de octubre de 2024 y culmina con la ausencia de una investigación eficaz tras el fallecimiento de un trabajador el 18 de enero de 2025 en el municipio de Benetússer.
La dirección jurídica del caso está a cargo del abogado calpino Francisco Ramón Perona García, quien articula la demanda en torno a una doble omisión estatal. Por un lado, el escrito sostiene que el Estado no activó el Nivel 3 de emergencia previsto en la Ley 17/2015 de Protección Civil, ni movilizó los recursos extraordinarios disponibles, como mecanismos de coordinación nacional o el refuerzo de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Por otro lado, argumenta que, pese a haberse comunicado formalmente el fallecimiento del operario a las autoridades judiciales competentes, no se habría impulsado una investigación efectiva sobre los hechos.
Según la demanda, y a juicio de LIBERUM, esta combinación de ausencia de medidas preventivas e inacción investigadora constituye un encadenamiento de decisiones que vulnera los estándares europeos de protección de la vida. El escrito presentado en Estrasburgo afirma que “la suma de omisiones revela un fallo estructural del Estado en su deber de diligencia debida” y solicita al TEDH que valore el caso como una vulneración integral de las obligaciones previstas en el Convenio.
LIBERUM plantea que este supuesto déficit de actuación institucional impidió garantizar el acceso a la verdad y la tutela judicial efectiva. El procedimiento ha quedado registrado en Estrasburgo, donde el tribunal europeo deberá decidir ahora sobre la admisión a trámite y los siguientes pasos procesales.
Proceso judicial previo
El camino recorrido no ha sido fácil para Perona y LIBERUM, ya que la primera demanda se presentó el 3 de noviembre de 2024 ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), aunque dicho órgano se declaró incompetente y el proceso tuvo que escalar al Tribunal Supremo, donde además se pedían medidas cautelares. No obstante, la situación desembocaba en un punto de no salida al no obtener respuesta.
Con todo ello, tuvo que elevarse al Tribunal Constitucional, donde el propio Conde Pumpido firmaba una resolución donde argumentaba que “no había interés constitucional”. De esta forma, el caso llega ahora al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.
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