Defendamos Calpe denuncia una “alfombra roja al urbanismo desenfrenado” en las nuevas tramitaciones urbanísticas

Defendamos Calpe ha alertado sobre lo que considera “una alfombra roja al urbanismo desenfrenado”, tras la decisión del equipo de gobierno de activar la posibilidad de que las nuevas promociones puedan recurrir a entidades privadas para obtener un certificado de conformidad urbanística.

Según explican, esta fórmula permite que una empresa externa revise la adecuación del proyecto al PGOU y, si lo considera conforme, emita un certificado que el Ayuntamiento debe aceptar sin capacidad de objeción. Para el colectivo, esta medida supone una pérdida del control directo que, hasta ahora, ejercían los técnicos municipales, además de un impulso acelerado a la promoción turística y residencial en Calp.

En su comunicado, la entidad apunta que el argumento utilizado por el gobierno municipal para justificar esta decisión es la saturación del departamento de Urbanismo. Sin embargo, advierten que “las consecuencias son evidentes: más construcción en menos tiempo, dejando en segundo plano la capacidad real de los servicios públicos para atender a la población actual y futura”.

Defendamos Calpe sostiene que esta vía supone una externalización de competencias locales, delegando en terceros funciones que tradicionalmente correspondían a la administración municipal. En este sentido, subrayan que los ayuntamientos tienen la potestad de permitir o no la aplicación de estos certificados y critican que el ejecutivo calpino haya optado por aplicarla sin haber aprobado previamente una ordenanza reguladora.

El colectivo también cuestiona la gestión interna del consistorio y su capacidad para prever y dotar de los recursos necesarios al departamento de Urbanismo. En el comunicado señalan que “organizar un ayuntamiento no consiste en estar fuera de él todo el día en fiestas y eventos, sino en ocuparse de los problemas y resolverlos”.

Finalmente, Defendamos Calpe concluye que la decisión del gobierno local contribuye a profundizar en un modelo urbanístico que consideran descontrolado y que, a su juicio, compromete la capacidad del municipio para garantizar infraestructuras y servicios mínimos a medio plazo.