Calp aprueba una modificación presupuestaria de 1,3 millones para asumir sentencias judiciales y expropiaciones sin proyecto definido

El Ayuntamiento de Calp ha celebrado este martes un pleno extraordinario en el que se ha aprobado una modificación de crédito por importe de 1.335.911,03 euros, con cargo a partidas no ejecutadas y al remanente líquido de Tesorería. El objetivo es hacer frente a “gastos ineludibles que no pueden demorarse”, según ha explicado el equipo de gobierno.

Entre los conceptos incluidos destaca el pago de 380.674,92 euros en intereses de demora relacionados con el litigio entre el Ayuntamiento de Calp y la mercantil SIREM (antigua Colsur), en el marco de un complejo cruce de demandas judiciales aún sin resolución definitiva. Además, se destinan 854.423,04 euros a la expropiación por justiprecio de una parcela dotacional urbana en la zona de Maryvilla, sin que exista un proyecto definido en la actualidad para su uso.

Otras inversiones contempladas en la modificación presupuestaria incluyen la canalización y preinstalación de red wifi pública en el casco antiguo (49.813,07 €), la compra de mobiliario para el nuevo Centre Social d’Atenció Primaria (40.000 €), los Premios de la Gala de l’Esport i la Cultura (10.000 €) y el concurso de carteles de Moros y Cristianos (1.000 €). Para ello, se han dado de baja partidas como la de infraestructuras de saneamiento y pluviales (569.226,14 €), mantenimiento de edificios (10.000 €) y fiestas populares (1.000 €).

El debate ha sido especialmente tenso. El portavoz de Defendamos Calpe, Paco Quiles, cuestionaba la gestión del gobierno y advirtía sobre la falta de previsión. “¿Por qué no se pagó antes para evitar los intereses? Vamos a pagar casi 400.000 € sin que se haya intentado evitarlo”, decía Quiles, que también ha criticado el coste del suelo en Maryvilla presupuestado en “160 € por metro cuadrado y sin saber qué se va a hacer allí”.

Desde el grupo municipal del Partido Popular, su portavoz Miguel Crespo alertó del impacto económico de estas decisiones y advertía que “son acciones que no van a repercutir en mejoras para los ciudadanos”. El popular también recordaba que el caso de la basura podría alcanzar hasta los 6 millones en facturas impagadas.

En defensa del gobierno, el portavoz socialista Guillermo Sendra recordó que el origen del conflicto con Colsur data de 2010 y que existe un proceso judicial en curso. “Pagamos lo que dicen los jueces, mientras se resuelve la demanda del Ayuntamiento”, esgrimía.

El portavoz del equipo de gobierno y de Compromís, Ximo Perles, señalaba que “desde 2011 a 2019 el PP no cambió el criterio de no pagar” y defendía la diferencia entre el suelo consolidado de Maryvilla y los sectores por desarrollar, donde el Ayuntamiento de Calp plantea desclasificaciones, como el proyecto en el denominado 'Pulmón Verde'.

Desde Somos Calpe, el portavoz Juan Manuel del Pino ha subrayado que la sentencia por intereses llega tras 15 años de proceso judicial y justificó la diferencia de precios en función del tipo de suelo.

Cerró el turno de intervenciones, una vez más, la alcaldesa de Calp, Ana Sala, quien defiende que “la justicia es lenta, pero hay que atender las sentencias”. Sobre la expropiación en Maryvilla, recordaba que “han pasado 27 años desde que el PGOU clasificó esa parcela como dotacional privado y el propietario ha pedido la expropiación”.

Además, el pleno aprobó por unanimidad el reconocimiento de crédito de 4.565,76 euros del ejercicio anterior y la ordenanza municipal para ayudas económicas directas a familias en situación de emergencia social y personas mayores, siguiendo los criterios de la Generalitat Valenciana.