El gobierno de Calp reconoce fallos en la aplicación de la tasa de basura y se compromete a redistribuir los costes

El equipo de gobierno de Calp reformulará la actual tasa de recogida de residuos sólidos urbanos tras constatar un notable malestar ciudadano por el impacto de los nuevos recibos y detectar disfunciones en la aplicación de los criterios utilizados. La alcaldesa, Ana Sala, ha explicado en rueda de prensa que la ordenanza fiscal aprobada a finales de 2024 se redactó siguiendo los parámetros exigidos por la normativa estatal y europea, pero ha reconocido que “el resultado no ha sido justo para todos”.

La revisión fiscal se plantea como un compromiso firme del gobierno local, que asume la necesidad de ajustar la tasa, tanto en el ámbito residencial como en el de actividades económicas. “Vamos a modificarla de nuevo para que sea más justa para todos. Si no nos da tiempo este año, lo haremos en cuanto sea posible, pero el compromiso está sobre la mesa”, afirmaba Sala, quien añadía que la estructura actual ha generado situaciones como que “un chalet de tres millones de euros en el Mascarat pague menos que un piso en el casco urbano donde vive una familia”.

La alcaldesa calpina ha recordado que la ordenanza se aprobó en diciembre y que en enero se buzoneó una carta explicativa a los vecinos. Sin embargo, el rechazo se ha intensificado en las últimas semanas tras la emisión del recibo anual, que en muchos casos ha subido, como en el casco urbano, donde ha pasado de 82 euros a 223 euros. “Nos hemos dado cuenta de que el problema ha sido la percepción cuando llega el recibo, no antes, y que por mucho que se haya explicado, no se ha entendido del todo”, admitía.

Según Sala, la subida de la tasa responde a la obligación legal de cubrir el déficit estructural del servicio, cifrado en 2,5 millones de euros y provocado en gran parte por el aumento del coste del tratamiento de residuos y el pago al Consorci Mare, cuya aportación ha pasado en dos años de 700.000 a más de 2 millones de euros.

El criterio principal utilizado fue el número de empadronados por vivienda, combinado con el valor catastral medio, siguiendo el modelo de otros municipios que delegan la recaudación en SUMA. Sin embargo, la aplicación práctica ha revelado importantes disfunciones. “Hay viviendas turísticas y segundas residencias que no están empadronadas y, sin embargo, generan residuos todo el año, pero pagan menos que una familia empadronada”, expone la alcaldesa.

Por su parte, el portavoz del equipo de gobierno, Ximo Perles, subrayaba que “la fórmula del empadronamiento como medida de generación de residuos ha resultado inexacta” y que se han producido casos claros de injusticia fiscal. “No se ha valorado adecuadamente el uso real de muchas viviendas. Sabíamos que no era una fórmula perfecta, pero era lo que se podía hacer con los medios disponibles”, esgrimía Perles.

En cuanto a las actividades económicas, la ordenanza actual no ha introducido cambios sustanciales, dejando fuera de la subida a bares, restaurantes, naves industriales y despachos profesionales. Sala confirma que existe una gran dificultad técnica para calcular el grado de contaminación o generación de residuos según tipo de actividad. “Hay despachos que apenas generan residuos y están pagando 500 euros al año, mientras que algunos restaurantes pagan hasta 2.000 desde 2009. Eso no es coherente”, señala la alcaldesa.

Con todo, la alcaldesa ha avanzado que se analizarán todos los detalles de cara a la próxima modificación de la tasa, incluyendo al tejido empresarial del municipio, con la consecuente subida si corresponde. Asimismo, también se plantea una penalización eventual a las viviendas de uso turístico, al entender que su impacto es superior al de las residencias habituales. Para la alcaldesa, el modelo ideal sería un sistema 'puerta a puerta', aunque admitió que su implementación sería costosa y compleja.

El Ayuntamiento ha reiterado su intención de revisar la tasa de basuras en profundidad durante los próximos meses, en un proceso que implicará la elaboración de informes técnicos, consultas vecinales y tramitación administrativa. “Es un trabajo largo y complejo, pero lo vamos a hacer. Lo importante es repartir la carga de manera justa”, concluyó Sala.

'Adiós' a los coches eléctricos municipales

En la parte final de la comparecencia, la alcaldesa también ha sido preguntada por el reciente incendio del vehículo eléctrico municipal a las puertas del Ayuntamiento. Según ha indicado, el coche formaba parte de una flota en régimen de renting y el incidente está siendo investigado por la empresa proveedora. Sala ha adelantado que, tras este suceso, el consistorio calpino no renovará el renting de eléctricos y apostará por vehículos diésel o gasolina a partir de noviembre, “por seguridad y rentabilidad”.

“Todo lo verde está muy bien, pero es muy caro y a veces incluso peligroso”, afirmaba la alcaldesa, quien concluía agradeciendo la rápida intervención de Protección Civil, Policía Local y Bomberos, evitando que el incendio afectara al edificio consistorial.