¡La verdad ya!

COMUNICADO DEL CDL DE CALP

Ante las noticias publicadas en las última semanas por medios de información locales y provinciales relativos a que la radio-televisión municipal genera a las arcas públicas un gasto anual de un millón de euros, sin que desde el gobierno se haya hecho ningún tipo de rectificación ni aclaración al respecto, cabe preguntarse a qué obedece este silencio institucional cuando un análisis del presupuesto municipal recientemente aprobado en el Pleno de la Corporación desmiente tajantemente esa cifra.

¿Se trata de un descuido por parte de un gobierno que cuenta con cuatro periodistas en su plantilla para redactar un desmentido? Resulta sorprendente cuando con una celeridad inaudita sí se han emitido notas de prensa institucionales para aclarar lo publicado sobre sueldos e indemnizaciones del alcalde o miembros de su equipo de gobierno.

¿Ha podido pasar desapercibida una información que se incorpora al dossier de prensa que se entrega a la alcaldía? Parece poco probable cuando el asunto ha suscitado tanto malestar dentro y fuera del consistorio. Y cuando el semanario que con carácter de primicia lanzó la noticia a media página en su portada, deja varios ejemplares en Alcaldía.

¿Por qué no se desmiente entonces? ¿Le interesa al gobierno que una noticia falsa adquiera credibilidad? ¿Se busca predisponer a la opinión pública a favor del cierre inmediato del ente? ¿Se juega a distraer a los ciudadanos de las causas y los causantes reales de la quiebra técnica del ayuntamiento?

Que urge abordar con seriedad un debate en profundidad sobre la “ilegalidad” de la emisión en analógico, así como de la viabilidad de una televisión pública en estos momentos de crisis profunda es una cosa. Pero hacer creer a la opinión pública, con falsedades, que determinado departamento municipal supone un lastre irreversible para la recuperación económica del Ayuntamiento, es otra.

Discutir la utilidad real para los contribuyentes de un medio público de información que carece desde su creación de ningún reglamento o consejo de redacción que garanticen un mínimo de independencia, es algo que debería estar entre las prioridades de un gobierno que se anunció como defensor de la transparencia y la pluralidad. Pero hay que aclarar que la credibilidad y la independencia informativa no tienen costes añadidos, y es tan sólo asunto de voluntad política de quien gobierna.

Discutir si la RTV de Calp, tal y como está organizada y dirigida actualmente, constituye de verdad un bien de interés social, es más que evidente y necesario. Sobre todo cuando se advierte un progresivo vaciamiento de contenidos que sólo es responsabilidad de quien la dirige. Pero amparar noticias que ponen en tela de juicio la profesionalidad de los trabajadores municipales que obedecen órdenes, no está justificado.

 RTVCalp tiene consignado en los presupuestos municipales un montante total de 507.975 euros. La mitad de lo que afirman las noticias.

En contra de lo que esas mismas noticias aseveran, en ese medio millón de euros sí están incluidos los salarios de la totalidad de la plantilla, integrada por 3 periodistas, 2 locutores, 1 técnico audiovisual, 1 auxiliar técnico audiovisual, 1 telefonista-intérprete, y 1 responsable de publicidad y administración. En conjunto, y al año, sus retribuciones suman en total 191.275 euros.

Eso sí, la información no reseña que RTVCalp ingresa más de 43.000 euros en publicidad. ¿Esa cifra no es de interés para el ciudadano?

En el medio millón de euros consignado a RTVCalp, curiosamente, también están contabilizados 254.000 euros en concepto de gastos varios. Montante que en realidad debería figurar en gastos de inversión del ayuntamiento, dado que corresponden al pago aplazado de la última cuota de las obras de acondicionamiento del local realizadas en 2006.

Rentabilizar y optimizar servicios públicos, y reducir gastos, es lo que debe hacer un buen gobierno. No en momentos de crisis, sino siempre. Pero de momento no se advierte que ese sea el camino que se sigue con la contratación de cargos de confianza, y la consignación de retribuciones para el gobierno por un montante de 799.200 euros según contempla el presupuesto municipal.

Jugar a no opinar, a no valorar, o a no desmentir, pudo haber dado un buen rédito político en campaña electoral. Pero como Alcalde, ese juego no es de recibo. El gobierno tiene el deber de velar por los intereses generales. Y que los contribuyentes tengan información veraz y fiable es uno de ellos. Si se les miente, y se les manipula, induciéndoles a creer cosas que no son ciertas, el Alcalde tiene el deber ineludible, ético, moral y político, de decirles la verdad.

Nosotros exigimos que lo haga ya.

JOSÉ LUIS LURI PRIETO

Portavoz

CDL CALP