Polémica en Calp por una nueva torre en la Fossa cuyo proyecto está en exposición al público

El urbanismo de Calp no deja de dar giros. A finales de año el Diari Oficial de la Comunitat publicó un anuncio de exposición al público de un proyecto para construir una nueva torre en la playa de la Fossa.

El proyecto preve la construcción de una torre de 20 alturas, en el terreno que adquirió una empresa en agosto de 2017 con una finca de 9 pisos, era el edifcio Calalga. Derribada la anterior construcción la promotora, según el proyecto que es accesible públicamente, sube las alturas a cambio de la venta de la edificabilidad que tiene el ayuntamiento. Por este motivo, el Consistorio ingresará un millón de euros.

El rechazo a estas intenciones de la promotora no se hicieron esperar, y han sido numerosos los ciudadanos que han presentado alegaciones. También algunos de los partidos de la oposición.

El portavoz de Compromís, Ximo Perles, rechazó de plano la venta de la edificabilidad y reclamó que se realice un informe “avalado por el registro de la propiedad por si el Consistorio estaría incurriendo segregación encubierta”.

Perles, en declaraciones a Levante-EMV, subrayó que ahora surge la “oportunidad de obtener una parcela urbana municipal en primera línea” y daría “aire al masificado paseo de la playa de la Fossa”. Así como podría plantearse un edificio de una altura por ejemplo para el consultorio sanitario.

Por su parte, desde el PSPV en un comunicado anunciaron que elevarán el proyecto a la Agencia Antifraude, porque es “nuestro deber elevar el escrutinio de las denuncias vertidas en las diferentes alegaciones que se han realizado a este proyecto a la Agencia Valenciana Antifraude”.

En su comunicado los socialistas declararon que abona por mantener “en propiedad pública los 792 metros y su edificabilidad, actuar dentro de lo marcado por ley y destinar su uso a fines de interés social, como pueden ser el ambulatorio estival, la oficina de turismo del siglo XXI, extensiones administrativas o incluso a instalaciones explotables por terceros”.

Asimismo apuntaron que no entienden “que el proyecto entregado al Ayuntamiento, que actualmente se halla en exposición pública, asuma directamente una edificabilidad adicional que ni se ha planteado públicamente, ni haya sido votada por la corporación”.

Y en su comunicado añadieron que “lejos de judicializar la política, nuestro trabajo es contribuir a garantizar la integridad y el buen funcionamiento del sector público, y a explicar, si hace falta, las actuaciones municipales. En este caso, por lo forzado de la situación y la cantidad de incógnitas existentes, resulta extremadamente difícil”.