Tras más de una década de litigios
Archivan definitivamente la querella por prevaricación contra Ana Sala por el caso del antiguo recinto ferial
La Audiencia Provincial de Alicante ha puesto fin a más de una década de litigios relacionados con el antiguo recinto ferial, tras archivar la querella por prevaricación, falsedad documental y un delito contra la ordenación del territorio, interpuesto por la familia Palomar, contra Ana Sala, el excalcalde del Bloc, Ximo Tur y tres funcionarios del Ayuntamiento de Calp.
La Audiencia Provincial de Alicante ha archivado definitivamente la querella que la familia Palomar, presentó contra la entonces edil de Urbanismo, Ana Sala, el exalcalde de Calp, Joaquim Tur, del Bloc, la secretaria municipal, el arquitecto y el interventor.
Un conflicto cuya historia la protagoniza la finca de 15.000 metros cuadrados que el Ayuntamiento ocupó hace más de una década y que se utilizó como recinto ferial. En 2008 un juzgado obligó entonces al consistorio calpino a desmantelar la carpa de ferias instalada en esos terrenos, terrenos que fueron tasados por los propietarios en 2,5 millones de euros, aunque finalmente el jurado provincia de expropiaciones valoró el mismo en 95.552 euros.
Por tanto, se puede deducir que, con el archivo definitivo de esta querella por prevaricación, y por tanto con la vía penal agotada, el gobierno local tiene el camino despejado para ocupar y disponer de este terreno.
La Audiencia Provincial de Alicante ha archivado definitivamente la querella que la familia Palomar, presentó contra la entonces edil de Urbanismo, Ana Sala, el exalcalde de Calp, Joaquim Tur, del Bloc, la secretaria municipal, el arquitecto y el interventor.
Un conflicto cuya historia la protagoniza la finca de 15.000 metros cuadrados que el Ayuntamiento ocupó hace más de una década y que se utilizó como recinto ferial. En 2008 un juzgado obligó entonces al consistorio calpino a desmantelar la carpa de ferias instalada en esos terrenos, terrenos que fueron tasados por los propietarios en 2,5 millones de euros, aunque finalmente el jurado provincia de expropiaciones valoró el mismo en 95.552 euros.
Por tanto, se puede deducir que, con el archivo definitivo de esta querella por prevaricación, y por tanto con la vía penal agotada, el gobierno local tiene el camino despejado para ocupar y disponer de este terreno.
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