María José Salvador, Diputada y Secretaria de la Vivienda del PSPV-PSOE : "1.000.000 de euros evitaría el 60% de desahucios"
Así lo ponía de manifiesto en la localidad de Calp, María José Salvador, diputada y Secretaria de la Vivienda del PSPV-PSOE, en rueda de prensa ofrecida en el Casal de la Asociaciones del municipio. En la misma, estuvieron presentes el diputado autonómico del partido socialista, Jordi Serra, el concejal Luis Serna y el Secretario General de la Agrupación Santos Pastor, además de un numeroso público asistente.
Una medida anunciada de forma clara y con datos en la mano,
era la ofrecida por María José Salvador en la que explicaba que los socialistas
valencianos han presentado en les Corts Valencianes una Proposición de Ley
sobre la función social de la vivienda. En la misma el planteamiento está
dirigido a evitar el 60% de los desahucios. La diputada planteaba , una
intervención cuando se inicie el proceso de ejecución, antes de que se produzca
la orden judicial.
Entre las medidas anunciadas de esta Proposición de Ley se
contemplaba la posibilidad de concertar un contrato de arrendamiento con opción
a compra, suscrito por la entidad financiera con el titular del crédito, el
propietario ejecutado y la Generalitat Valenciana, por un plazo de tres años. A
la finalización de este el arrendatario podría optar a la compra o continuar
con el arrendamiento por dos años más.
El precio base del contrato, será el reajustado para la vivienda conforme
a los criterios de las normas de la legislación estatal sobre el saneamiento
del sector financiero. La renta anual que abonará la Generalitat durante el
citado plazo de tres años será del 3% anual del precio reajustado. A los
arrendatarios se les repercutirá como máximo el 50% de la renta, sin que en
ningún caso dicha contribución supere el 25% de los ingresos de la unidad
familiar.
Todo esto tiene un coste según la diputada del PSPV-PSOE de
1.000.000 de euros. La cifra es cuando
menos asumible por parte de un gobierno, que según María José Salvador ha
derrochado y gastado en proyectos que siguen en la actualidad generando gastos
millonarios como es el caso del aeropuerto de Castellón entre otros.
Una política dirigida de este modo a salvar a los ciudadanos
de una situación que afecta a muchas familias que lo están pasando mal. Y es
que como dijo alguno de los presentes:
"Si se ha podido salvar a los bancos, también se podrá
salvar a las personas"
Una medida anunciada de forma clara y con datos en la mano,
era la ofrecida por María José Salvador en la que explicaba que los socialistas
valencianos han presentado en les Corts Valencianes una Proposición de Ley
sobre la función social de la vivienda. En la misma el planteamiento está
dirigido a evitar el 60% de los desahucios. La diputada planteaba , una
intervención cuando se inicie el proceso de ejecución, antes de que se produzca
la orden judicial.
Entre las medidas anunciadas de esta Proposición de Ley se
contemplaba la posibilidad de concertar un contrato de arrendamiento con opción
a compra, suscrito por la entidad financiera con el titular del crédito, el
propietario ejecutado y la Generalitat Valenciana, por un plazo de tres años. A
la finalización de este el arrendatario podría optar a la compra o continuar
con el arrendamiento por dos años más.
El precio base del contrato, será el reajustado para la vivienda conforme
a los criterios de las normas de la legislación estatal sobre el saneamiento
del sector financiero. La renta anual que abonará la Generalitat durante el
citado plazo de tres años será del 3% anual del precio reajustado. A los
arrendatarios se les repercutirá como máximo el 50% de la renta, sin que en
ningún caso dicha contribución supere el 25% de los ingresos de la unidad
familiar.
Todo esto tiene un coste según la diputada del PSPV-PSOE de
1.000.000 de euros. La cifra es cuando
menos asumible por parte de un gobierno, que según María José Salvador ha
derrochado y gastado en proyectos que siguen en la actualidad generando gastos
millonarios como es el caso del aeropuerto de Castellón entre otros.
Una política dirigida de este modo a salvar a los ciudadanos
de una situación que afecta a muchas familias que lo están pasando mal. Y es
que como dijo alguno de los presentes:
"Si se ha podido salvar a los bancos, también se podrá salvar a las personas"



















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