La Audiencia Provincial aplaza el juicio sobre presunto soborno en el servicio de recogida de la basura de Calp

La Audiencia Provincial de Alicante acordó esta semana el aplazamiento hasta septiembre del juicio sobre el presunto fraude en el servicio de la recogida de la basura en Calp. La vista comenzó esta semana en la Sección Segunda de la Audiencia pero una alegación de las defensas sobre la sala donde debía realizarse el juicio ha motivado el retraso.

Según informó AlicantePlaza, tras una primera suspensión el 21 de enero, los magistrados aceptaron la solicitud de suspensión presentada por el conjunto de los abogados de las defensas, después de que alegasen que en la sala prevista para la celebración del juicio no se cumplían las condiciones requeridas para evitar riesgos de contagios y que, además, tampoco disponían de los medios necesarios para ejercer su labor. Entre otros puntos, alegaron que no contaban con mesas o estrados en los que poder organizar sus documentos.

En ese momento, el tribunal se comprometió a buscar otra sala distinta en la que el juicio pudiese desarrollarse con todas las garantías a partir del 16 de febrero, cuando se había señalado la segunda jornada del proceso. No obstante, ahora, en una providencia fechada el 25 de enero, resuelve el aplazamiento del proceso hasta este otoño, "habida cuenta de la falta de disponibilidad de otra sala de vistas en las fechas previstas de señalamiento que reúna las condiciones necesarias para la acomodación de todas las partes y adecuada a las medidas de seguridad sanitaria por la covid-19".

De este modo, se acuerda un nuevo calendario para el desarrollo del juicio, que se reanudará el 18 de septiembre y proseguirá los días 19, 20, 21, 25, 26, 27 y 28 de octubre. Después, se retomará el 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 15 y 16 de noviembre.

La causa constituye una pieza separada del denominado caso Brugal y se remonta a febrero de 1998 cuando el el Ayuntamiento adjudicó el contrato de ese servicio a la mercantil Colsur SL. Y en ella la Fiscalía solicita inicialmente penas que oscilan entre los dos y los 14 años de prisión para los acusados por delitos continuados de cohecho, prevaricación, malversación y blanqueo de capitales.